Mujica prohibió por decreto la ocupación de edificios públicos

Al presidente uruguayo, José Mujica, no le tembló el pulso. Mediante un decreto, el líder de la coalición centroizquierdista Frente Amplio (FA) prohibió ayer la ocupación de oficinas pública s ante la ola de conflictos sindicales que se vienen produciendo en el país y que incluyen esa modalidad de protesta.

La medida se aplicará cuando las partes en conflicto no alcancen un acuerdo y empezará por una orden al Ministerio de Trabajo. En caso de que no funcione, entonces se requerirá el apoyo de la policía a través del ministerio del Interior.
El decreto fue firmado ayer poco después de que fueran desocupadas pacíficamente la sede del gobierno municipal de la ciudad de Tacuarembó, en el centro del país, y la de la Suprema Corte de Justicia, en Montevideo.

La decisión de Mujica no parece intempestiva . El documento fue suscrito en momentos en que su gobierno enfrenta una ola de huelgas de funcionarios de la salud, de la banca, educación, judiciales, notarios, empleados municipales y de la administración estatal. Los conflictos se suceden cuando la eco nomía crece a índices históricos del 8% anual y en el marco del debate parlamentario sobre el presupuesto para los próximos cinco años y la actividad en los consejos de salarios, en los que empresarios y trabajadores negocian los ajustes de las retribuciones por sector.
Desde su asunción, en marzo pasado, los sindicalistas –los mismos grupos gremiales que lo ayudaron a la presidencia– ahora le hacen un paro tras otro , hasta sumar cuatro huelgas generales en menos de ocho meses de gestión.

Pero el mandatario, un ícono para la izquierda de Uruguay, ha venido protestando en los últimos días por las luchas internas entre líneas sindicales, que se traducen en ataques a su propio gobierno, y por los efectos negativos que podrían tener para Uruguay.

“Los conflictos afectan la imagen de país serio y viable que tenemos en el exterior y corremos el riesgo de contribuir a perjudicar un proceso de crecimiento, que puede ser una de las antesalas del desarrollo”, dijo la semana pasada en su audición de la FM M24. “Sé, por experiencia, que quienes están un poco mejor son los que gritan más y quieren más. Sin embargo, tenemos que tener la cabeza clara que no tenemos que torpedear la eficacia de la economía ni ahuyentar la inversión o detener el crecimiento, porque si no, no llegaremos al desarrollo”.

El presidente calificó de “infantiles” algunos reclamos y pidió que no se eche por la borda todo lo avanzado en materia social.

Mujica hizo el planteo cuando, por primera vez en la historia, los trabajadores del Poder Judicial ocupaban la sede de la Suprema Corte en reclamo de equiparaciones salariales. Posteriormente, una huelga de los médicos de las Sociedades Anestésico–quirúrgicas y la de los municipales fueron los conflictos a los que la prensa le prestó mayor atención.

Pero la conflictividad no terminó allí. Por distintos motivos, en las últimas semanas hubo también movilizaciones de los controladores aéreos, de los funcionarios de la aduana, de los de Obras Sanitarias del Estado (OSE) y de los trabajadores de la carne. Para sorpresa de muchos, los principales obstáculos que el presidente Mujica tiene que enfrentar han provenido de los sindicatos, cuyos principales dirigentes llegaron a formar un movimiento para respaldarlo en la campaña electoral de 2009.

Pero esta comunión cambió a tal punto que, a ocho meses de haber asumido el segundo gobierno de izquierda en el país, la central obrera PIT–CNT llevó adelante un paro general – muy discutido en la interna – contra la actual política económica. Para muchos dirigentes sindicales, Mujica no ha profundizado los cambios iniciados por su antecesor, Tabaré Vázquez. Y tampoco ven con buenos ojos las reformas que el gobierno pretende hacer en el Estado, que involucra a todos los funcionarios.